Los hechos se remontan a 2003, cuando un restaurante de la Cala de la Granadella, Restaurante Rosita, realizó unas obras "ilegales" en el establecimiento.
El entonces concejal de Urbanismo, Vicente Ortolá, explicó, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que "desde 1991 el restaurante se hallaba enclavado en suelo no urbanizable de protección ecológico-paisajística y en 2003 se ejecutaron obras sin licencia e ilegalizables en el restaurante llegando a presentar un total de 23 denuncias no atendidas".
La sentencia indica que la titular tenía licencia para obra menor, pero las obras llevadas a cabo no fueron las solicitadas. El ex concejal solicitó clausurar la actividad del restaurante por falta de licencias, ya que la licencia que posee es de bar-merendero y no es esa la actividad actual, y la demolición de las obras ilegalizables.
Un informe de 2014 suscrito por el Arquitecto municipal pone de manifiesto que la actividad desarrollada excede de las condiciones en que se concedió la licencia de actividad.
En 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante desestimó el recurso interpuesto por Vicente Ortolá y éste recurrió elevándose al TSJ, quién ha dado la razón al ex concejal de Urbanismo.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ordena el Ayuntamiento concluya el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística y que, una vez declarada su caducidad, disponga nuevo procedimiento de restablecimiento de legalidad urbanística sin que haya de considerarse prescrita la acción.
Además, se ordena que dicho Ayuntamiento ejerza sus competencias en materia de licencias de actividad a fin de depurar las irregularidades detectadas en el informe de 2014 del Arquitecto municipal.
