El alcalde de El Poble Nou de Benitatxell, Josep Femenia, plantea constituir una comisión técnica y política para estudiar la situación urbanística y ambiental de las antenas instaladas en el Puig de la Llorença. La comisión la integrarían los servicios técnicos y jurídicos municipales, el equipo de arquitectos que está redactando el nuevo plan general estructural y los portavoces de todos los grupos políticos.
El alcalde avanza que esa comisión debe dar forma a un plan especial que regule el uso del suelo de la cima del Puig de la Llorença y potencie sus valores paisajísticos y medioambientales. El Ayuntamiento, sin embargo, no tiene competencia en materia de control, inspección y sanción en radiodifusión (ocupación del dominio público
radioeléctrico y uso de frecuencias). Esa competencia corresponde a la Generalitat Valenciana, como precisa el art.4 de la Ley 1/2006 de 19 de abril, del sector audiovisual.
Pero el alcalde ya adelanta que la comisión que estudiará la situación urbanística y medioambiental del Puig de la Llorença también concertará entrevistas con responsables de la Generalitat para aclarar qué trámites está realizando el Gobierno valenciano para atajar los conflictos de frecuencias que existen entre las empresas que disponen de antenas en esta cima.
Femenia ha señalado que "se hace imprescindible revisar todas las ocupaciones del suelo en el Puig de la Llorença. Sabemos que la cima de esta emblemática montaña ofrece una situación estratégica para las empresas de radiodifusión, pero tenemos que regular, dentro de nuestras competencias, ya que la radioeléctrica corresponde a la Generalitat, el uso que se hace de ese suelo y hacerlo compatible con nuestra apuesta por la sostenibilidad, el turismo deportivo y medioambiental y con la recuperación de un enclave de enorme valor paisajístico"
La comisión arrojará luz sobre posibles usurpaciones o de usos indebidos del suelo público de la cumbre del Puig de la Llorença. El ayuntamiento dispone de suelo que le reporta ingresos económicos de los contratos de alquiler. En el plan de ajuste aprobado en 2012 por toda la corporación, incluidos Compromís y su actual portavoz, Miguel Ángel García, quien entonces era concejal de Hacienda, y el CCD, integrado en aquel momento por Toni Colomer y Silvia
Mayans, se daba cuenta de que se habían suscrito tres contratos por uso privativo de bienes municipales que aportarían al consistorio unos 1.500 euros anuales.
