OPINIÓN | Vicente Navarro
Me gustaría trasladar una situación que considero preocupante y contradictoria con el objetivo social de las viviendas de protección pública de Xàbia, y en concreto, la promoción de viviendas de protección pública Aires del Montgó I, integrada en el Plan Vive de la Generalitat Valenciana.
Según la documentación publicada por la propia promotora, para adquirir una de las viviendas de dos dormitorios más económicas, con un precio de 237.983,75 euros, una familia debería afrontar los siguientes pagos:
- 23.798,38 euros al firmar el contrato.
- 1.322,13 euros mensuales durante 18 meses, mientras se construye la vivienda.
- 17.307,91 euros adicionales en concepto de IVA en el momento de la escritura.
En total, la promotora calcula que se necesitan 64.904,67 euros de recursos propios, sin incluir todos los gastos adicionales de compraventa.
Pero el problema no termina ahí.
Tras haber aportado esos casi 65.000 euros, la familia todavía debería pagar aproximadamente otros 173.000 euros, habitualmente mediante una hipoteca. Por ejemplo, con una hipoteca de esta cantidad a 30 años y un interés fijo hipotético del 3%, estaríamos hablando de una cuota aproximada de 730 euros mensuales durante tres décadas. Y es ahí donde aparece una contradicción que considere especialmente grave.
La normativa valenciana establece límites máximos de ingresos para acceder a estas viviendas protegidas. En el régimen general, el límite de referencia es de 6,5 veces el IPREM, equivalente a 54.600 euros anuales, con posibles incrementos según circunstancias familiares. Es decir, una familia que supere los límites establecidos puede quedar excluida de la posibilidad de comprar vivienda protegida.
¿Pero qué ocurre con las familias que sí cumplen los requisitos porque tienen ingresos más modestos?
Ponemos el ejemplo de una persona trabajadora que cobra 1.600 euros netos mensuales. ¿Cómo podría afrontar una entrada de casi 24.000 euros y posteriormente pagar 1.322 euros mensuales durante 18 meses? Le quedarían menos de 280 euros mensuales para pagar el alquiler actual, alimentación, suministros y demás necesidades básicas. Y después, cuando le entregaran las llaves, aún debería afrontar una hipoteca durante 25 o 30 años.
Además, la propia promotora indica en su documentación que los bancos suelen considerar que las cuotas de los préstamos, incluida la hipoteca, no deberían superar el 30-35% de los ingresos netos familiares.
Por tanto, nos encontramos ante una situación difícil de entender:
Si una familia gana demasiado, puede quedar excluida por superar los límites legales de ingresos. Pero si tiene unos ingresos más modestos, aunque cumpla con los requisitos, puede resultarle prácticamente imposible reunir los ahorros necesarios y afrontar los pagos.
Entonces, ¿a quién van dirigidas realmente estas viviendas? ¿Cómo es posible que una promoción presentada como vivienda de protección pública y asequible exija unas condiciones económicas tan elevadas?
¿Cuántas familias trabajadoras de Xàbia disponen de casi 65.000 euros de ahorros y pueden asumir después una hipoteca de unos 173.000 euros?
No estamos hablando de personas que buscan una vivienda de lujo, sino de ciudadanos que necesitan acceder a una vivienda digna.
Entiendo que estas viviendas no están destinadas exclusivamente a personas en situación de vulnerabilidad y que la promoción puede cumplir formalmente con la normativa vigente. Sin embargo, considero necesario cuestionar si este modelo cumple realmente la finalidad social de la vivienda protegida.
Como vecino de Xàbia, padre de familia y persona con discapacidad, me preocupa que una iniciativa que debería facilitar el acceso a la vivienda acabe siendo inaccesible para muchas de las familias que más dificultades tienen para comprar una.
Creo que sería importante que los responsables políticos explicaran públicamente cuál es el objetivo social real de estas viviendas protegidas, cómo se justifican las condiciones de pago exigidas, qué medidas existen para que las familias con ingresos modestos puedan acceder a ellas y si se ha estudiado cuántas familias de Xàbia pueden afrontar realmente estas cantidades.
La pregunta final es muy sencilla: ¿de qué sirve construir viviendas de protección pública si muchas de las personas que cumplen los requisitos económicos no pueden permitirse comprarlas?
Considero que este asunto no afecta únicamente a Xàbia, sino que podría estar reproduciéndose en otros municipios de la Comunitat Valenciana.
