El pasado mes de julio, el President de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que el Consell tiene en redacción una ley de gobiernos locales, que "permitirá asumir al máximo el principio de subsidiariedad".
Ante esta nueva Ley, el grupo parlamentario de Podem en Las Cortes Valencianas, en el debate de política general ha reclamado incorporar a los presupuestos de Generalitat los fondos de las diputaciones provinciales. "Con esta ley se conseguiría dejar las diputaciones valencianas reducidas a su mínima expresión, y trasladar sus competencias y recursos a los ayuntamientos, mancomunidades, áreas metropolitanas y en la propia Generalitat, donde podrán servir mejor a la ciudadanía", manifiestan desde la formación morada.
Asimismo, desde Podemos aseguran que “el territorio valenciano ha sido uno de los grandes focos de corrupción y opacidad. Las diputaciones provinciales han ejercido como un instrumento para el clientelismo por el que los recursos locales no se distribuyen según necesidades sociales, sino por intereses de partido”.
Además, destacan desde el Círculo Municipal que “tienen un margen elevado de gasto discrecional que ha sido usado para beneficiar a los ayuntamientos amigos, ocasionando que recursos que provienen mayoritariamente de transferencias del Estado o de la Generalitat".
Podemos hace hincapié en que hay que dar a los municipios una mayor autonomía financiera dotándolos de recursos adecuados y favoreciendo la cooperación entre ellos a través de la mancomunación comarcal. "De este modo, se podrían abaratar los costes de los servicios ofreciéndolos conjuntamente y elaborar estrategias comunes de promoción", dice la formación de Podemos.
Las diputaciones son organismos que se eligen por elección indirecta, no emanan directamente de la voluntad popular, por lo que se convierten en organismos que acaparan una enorme influencia sobre la vida municipal pero que en cambio no están sometidos a los mismos criterios de fiscalización y control democrático que los ayuntamientos
