Los Clubs Náuticos de la Comunitat, entre ellos Jávea, exigen a la Generalitat aplicar la normativa para prorrogar las concesiones hasta los 50 años

La Asociación de Clubes Náuticos de la Comunitat Valenciana (ACNCV), tras una Asamblea Extraordinaria, exige a la Generalitat Valenciana la aplicación efectiva e inmediata de la nueva normativa de puertos aprobada el pasado diciembre en Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la cual permite la prorroga de las concesiones portuarias.

Según la modificación de la Ley de Puertos de la Generalitat de julio de 2014 aprobada, los puertos valencianos de titularidad autonómica podrán prorrogar sus concesiones hasta un máximo de 50 años si realizan inversiones superiores al 20% de la inversión inicial que consta en su título concesional en una serie de ámbitos que marca la propia modificación legislativa.

Esta reforma garantiza una modernización de las instalaciones náuticas de los clubes valencianos y anima a estos a realizar inversiones garantizando su financiación. Sin duda, esto es la solución al problema que arrastran una docena de clubes náuticos de la Comunitat, entre ellos el de Jávea, que han visto cómo sus concesiones caducaban sin que la administración valenciana haya sacado adelante los trámites de competencia de proyectos necesarios para su renovación, lo que en la práctica se traduce en que están explotando los puertos en un régimen de autorizaciones mensuales, en algunos casos desde hace más de 20 años.

Sin renovaciones desde 2002

Según el comunicado enviado desde la Asociación de Clubs Náuticos, el inmovilismo administrativo es tal que no se ha renovado una concesión a un club náutico en la Comunitat Valenciana desde que en 2002 lo consiguiera Santa Pola. Esto supone 17 años de la quietud más absoluta, excepción hecha de la aplicación del nuevo canon que deben abonar los náuticos y que es el único punto de la Ley de 2014 que se ha hecho efectivo en el plazo previsto.

Esta circunstancia está ahogando a las entidades deportivas, que se ven en la paradoja de tener que abonar cantidades muy elevadas, llegando a cuadruplicar los cánones antiguos, sin tener la concesión en vigor. Los casos más graves son los del C.N. Cullera, el C.N. El Perelló y el C.N. Torre Horadada, para los cuales la única salida es “devolver las llaves” de los clubes “si no se ponen soluciones encima de la mesa de inmediato”.

El presidente de la ACNCV, José Antonio Chapa, ha explicado a la Asamblea que la Asociación ha mantenido una reunión con la subdirectora de Puertos, Aeropuertos y Costas, Pilar Álvarez; el jefe de la sección de Puertos, Julio Marín, y el jefe de Administración de Puertos, Antonio García de Benito, para tratar los pasos a seguir para conseguir la aplicación efectiva de la nueva normativa, de manera que los clubes puedan optar a las prórrogas que, por otra parte, igualan a los puertos valencianos con los del resto de las autonomías.

En dicha reunión, los funcionarios trasladaron sus reservas a aplicar la nueva normativa, hasta el punto de pedir un informe a la abogacía para aclarar dudas acerca de la aplicación de la Ley, pese a que los representantes de la asociación de clubes resaltaron que la ley en este punto es idéntica a la estatal, con más de 5 años de aplicación práctica, lo que no solo garantiza que se puede aplicar, sino que existen procedimientos claros a seguir para hacerlo.

Esta actitud ha dado pie a que los náuticos teman que desde la Dirección General de Obras Públicas vuelvan a ponerse trabas a la aplicación de esta Ley por tercera vez en cinco años, “burlando de nuevo el mandato legal de Les Corts”, según han afirmado los asistentes, pues, además de las reservas trasladadas, se comprometieron a entregar dicho informe de abogacía para que los náuticos supieran qué criterios se barajan, algo que, a fecha de hoy, todavía no se ha producido.

Por todo ello, los clubes náuticos de la Comunitat Valenciana no descartan llevar a cabo medias de presión pues “no se puede romper impunemente las normas de juego que las leyes imponen para todos sin que haya consecuencias y menos aun cuando estamos hablando de servidores públicos”, han apostillado.

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