El pleno debatirá recurrir al Constitucional para anular la reforma de la administración local

Esta tarde se celebra el pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, y entre los puntos del orden del día destaca la propuesta del alcalde, José Chulvi, para recurrir contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública recientemente aprobada.

De esta manera Jávea se adheriría a la iniciativa a nivel nacional acordada por PSOE-PSC, CiU, IU-ICV, ERC, CC, Chunta Aragonesista, Compromís, Nueva Canarias, UPyD y BNG para plantear un recurso al conflicto en defensa de la autonomía local regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Y es que consideran que esta ley «suprime muchos de las competencias propias otorgadas a las corporaciones locales, así como la capacidad de gestión presupuestaria de éstas», por lo que apelan a los artículos 140 y 141 de la Constitución Española, que garantizan y protegen la existencia de municipios y provincias atribuyendo a sus órganos —ayuntamientos y diputaciones— las funciones de gobierno y administración de dichos municipios y provincias.

Concentración en Jávea contra la reforma de la ley de la administración local

Según el recurso, esta ley convierte a la spoblaciones con menos de 20.000 habitantes en «instituciones vacías de competencias e incapacitadas para prestar los servicios que la propia ley reserva para todos los municipios» al margen de la situación financiera concreta en la que se encuentre ese municipio.

Además se reseña que esta ley «abre la puerta a la privatización de cualquier servicio, puesto que desaparecen las referencias a los servicios públicos prestados por las entidades locales que impliquen ejercicio de autoridad. Igualmente se establecen trabas y controles a las modalidades de gestión directa, mientras que las privatizaciones no conllevan ningún tipo de control más allá de los procesos de contratación pública».

El alcalde afirma que se trata de «una ley que atenta contra la autonomía local y nos afecta claramente al vetarnos la prestación de servicios en los que estamos tan implicados como los relacionados con los servicios Sociales o de apoyo educativo».

Para que esto salga adelante es necesario reunir a la séptima parte de los municipios (que representen como mínimo a un sexto de la población española).

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