El equipo de gobierno de Xàbia, en concreto, la alcaldesa Rosa Cardona, ha hecho público un informe de la Jefatura de la Policía Local para esclarecer la contratación de la empresa FAST Seguridad, tras las acusaciones de «contratación a dedo» e irregularidades vertidas por el PSOE en el último pleno municipal. El portavoz socialista, José Chulvi, denunció que el gobierno local había gastado más de 46.000 euros en el servicio de vigilancia.
El documento técnico detalla la cronología de los servicios y defiende que la elección de la mercantil respondió estrictamente «a criterios de urgencia y necesidad técnica, y no a afinidades políticas».
Cronología de una contratación por urgencia
Según el informe leído por la alcaldesa, Rosa Cardona, en un encuentro con los medios de comunicación, «la necesidad de contratar seguridad privada surgió el 14 de julio de 2025, debido al temor y las situaciones de tensión sufridas por los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano -OAC-». Cardona señala que los funcionarios llegaron a sentirse amenazados y fueron escupidos por personas, ciudadanos, que querían empadronarse y no cumplían con los requisitos.
Posteriormente, en septiembre de 2025, se requirió vigilancia en la zona del auditorio ante la ocupación del recinto por personas que generaban riesgos de insalubridad e incendio en una zona cercana a centros educativos. Rosa Cardona explicó que la estructura del edificio estaba siendo ocupada por personas toxicómanas. Primero fue desalojado el recinto, se procedió a la limpieza a fondo de la zona y se puso la vigilancia nocturna, además de instalar luz, vallado y cámaras de videovigilancia para evitar que volvieran a okupar. «Si no se hubiese actuado así, en vez de tres personas habría igual 25», remarca Cardona.
El servicio se amplió nuevamente en febrero de 2026 para custodiar las viviendas de Jávea Park tras el incendio, garantizando la seguridad de las propiedades desocupadas durante las 24 horas del día. «Tras el trágico suceso las viviendas estaban desocupadas y abiertas, por lo que urgía un vigilante para que no entrara ninguna personas ajena a la investigación», explica la alcaldesa.
Ante estas situaciones, la Jefatura de Policía justifica el uso de una tramitación administrativa simplificada debido urgencia de los hechos y la necesidad de salvaguardar el orden público de forma inminente.
Respuesta a la acusación de afinidad política
El punto central de la defensa técnica radica en la titularidad de la empresa. Frente a la acusación del PSOE de que el propietario era un concejal del PP en Facheca, el informe aclara que en el momento de las primeras contrataciones (julio y septiembre de 2025), la administradora única de la empresa era Raquel Marhuenda.
Según el documento, la incorporación de Miguel Ángel Masanet (vinculado al PP) como administrador de la mercantil se produjo el 23 de diciembre de 2025, meses después de que la Policía Local ya hubiera iniciado la relación contractual con la empresa basándose en su solvencia técnica. Por tanto, la Jefatura sostiene que las acusaciones de favoritismo «carecen de fundamento fáctico» y se basan en un cambio de propiedad posterior a los hechos.
Asimismo, el informe de la Policía Local subraya la «inexistencia de vínculo» previo con el actual propietario y asegura que la selección fue «técnica, no política», priorizando el interés general ante la escasez de recursos administrativos para seguir los tiempos ordinarios de gestión.
Por su parte, la alcaldesa lamentó que se utilicen informaciones «falsas» que afectan al honor de los profesionales municipales y defendió que la gestión de los técnicos ha sido «impecable» en todo momento para resolver situaciones de riesgo para la ciudadanía.
¿Para que tengamos la policía?