Compromís insta en el gobierno central que permita en los Ayuntamientos poder invertir sus remanentes de tesorería en políticas de proximidad coordinadas con el resto de instituciones, especialmente la Generalitat, para paliar la crisis social y económica derivada de la emergencia sanitaria por la Covid19.
Así lo han reclamado los tres grupos de la coalición a las diputaciones de Castelló, València y Alicante, y esta ha sido una petición explícita del diputado de Compromís, Joan Baldoví, al gobierno del Estado para incluir en las medidas que está impulsando, sin una respuesta clara hoy por hoy. La ley de estabilidad presupuestaria prevé un techo de gasto de los Ayuntamientos porque el superávit se pueda destinar esencialmente a pagar su deuda.
A la práctica, esta situación ha provocado que los ayuntamientos disponen de grandes cantidades de dinero inmovilizado en cuentas corrientes bancarias, una cifra que según la FEMP es de 525 millones en los municipios
valencianos.
Para Gerard Fullana, portavoz de Compromís a la Diputación de Alicante, “no se puede entender que habiendo recursos económicos al alcance para poderlos invertir, ahora que hacen más falta que nunca, haya una normativa todavía vigente desde los tiempos de recortes y dictadura de la deuda que nos lo impida. Es el momento de movilizar todos los recursos de los cuales disponemos las administraciones públicas y utilizarlos para atender a las personas, reforzar los servicios públicos y ayudar la economía para hacer frente a la crisis, de una forma coordinada pero siempre descentralizada y próxima a los problemas. Cuando más cerca está la institución de la ciudadanía mejor la puede atender”.
Al servicio de los municipios
Desde Compromís consideran que el papel de las diputaciones en esta crisis es, más que nunca, “ayudar al máximo en los ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas y regidores y regidoras en todo aquello que necesitan, especialmente los de los pueblos más pequeños”, y han recordado que toda la gente que forman parte de Compromís a las diputaciones están “a plena disposición de todos los ayuntamientos, sean del color que sean”, tanto desde el gobierno de la institución, como es el caso de València y Castelló, como desde la oposición, como es el caso de Alicante.
