La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha alertado oficialmente a los Ayuntamientos de la Marina Alta sobre el deterioro de la situación de sequía y escasez en la demarcación, alcanzando niveles de emergencia, describiéndola como «la peor sequía en 33 años», según lo anunciado por la propia CHJ el pasado 21 de marzo.
En respuesta a esta comunicación, la CHJ ha delegado en los Ayuntamientos la implementación de medidas para hacer frente a la crisis, lo que ha suscitado críticas por parte de entidades cívicas como Pego Viu, Acció Ecologista-Agró y la Plataforma Salvem la Vall.
Dichas entidades de defensa por el territorio aseguran llevar meses denunciando la falta de acciones contundentes para limitar el consumo de agua, especialmente el consumo urbano, agravado por el aumento poblacional durante la temporada turística de Semana Santa y verano. Además, estas entidades han criticado el silencio incoherente de la CHJ frente a la reactivación de nuevos proyectos urbanísticos en la comarca, como el campo de golf y la macro urbanización Penya Roja en Pego, así como el macro PAI Medina de Llíber.
El Plan de Sequía Especial propuesto por la CHJ insta al refuerzo de la vigilancia para la conservación de los ecosistemas acuáticos y la protección de las zonas húmedas y especies fluviales, así como a fiscalizar el impacto de otras medidas sobre el medio natural, con especial atención a la Marjal de Pego-Oliva, considerada en situación de riesgo según este plan.
En el caso de Llíber, Acció Ecologista Agró había alertado previamente a la CHJ sobre el déficit hídrico en la comarca, especialmente con relación al pozo de Parcent, cuyas demandas de agua en los últimos cinco años han excedido los volúmenes autorizados, sin contar con la falta de cumplimiento de los parámetros de potabilidad en otros pozos disponibles según la legislación correspondiente.
Ante esta situación, las entidades ecologistas han advertido tanto a la CHJ como a los respectivos Ayuntamientos, así como a la Conselleria de Medi Ambient, de su responsabilidad en los posibles daños ambientales que puedan ocurrir, anunciando acciones legales en defensa del bienestar general y la adecuada protección del dominio público hidráulico, conforme a lo establecido en la Ley de Aguas.
Por curiosidad, ¿alguna de estas maravillosas organizaciones que piden restricciones y prohibiciones ha denunciado públicamente la GEOINGENIERIA que sufrimos especialmente en esta zona desde hace años y que es la causantes de la actual sequía?.
La respuesta negativa solo confirma que sus intereses son distintos a los nuestros como ciudadanos.
Exacto. Y los ChemTrails que se han lanzado sobre nuestras cabezas todo el 2022 y 2023.
Es una vergüenza la cantidad de piscinas en Jávea en plena sequía; un impuesto especial para ellas.
Que van a hacer? Prohibir a la población y dar manga ancha a turistas?