El Tribunal Supremo ha anulado ahora una expropiación por valor de 2’8 millones de euros que el Ayuntamiento de Xàbia se vio obligado a asumir años atrás en cumplimiento de un auto del Tribunal Superior de Justicia.
Con este fallo, el consistorio ve atendidas sus reivindicaciones, ya que desde el primer momento no quiso adquirir este suelo. Esto le permite recuperar la indemnización millonaria a la que tuvo que hacer frente, pudiendo destinar esta suma a servicios e infraestructuras más necesarias.
El alcalde, José Chulvi, ha mostrado su satisfacción por esta victoria judicial que pone fin a un conflicto que empezó hace ya diez años. Ha felicitado a la responsable de la defensa legal de los intereses municipales.
Chulvi considera que esta sentencia refuerza la línea de trabajo de la corporación y la política urbanística que se está llevando a cabo. "Es un importante respaldo para el ayuntamiento a la hora de emprender acciones para proteger suelo frente a los que tratan de asustar y se escudan en que cualquier freno al urbanismo supone indemnizaciones millonarias", afirma Chulvi.
El pleito arrancó en el año 2006 a iniciativa de los propietarios de 95.216 metros cuadrados en les Capsades que fueron desclasificados por el Plan General de Ordenación Urbana de 1990 y catalogados como sistema general (parques y zonas verdes).
Esta familia exigió al Consistorio que le expropiara toda el área que había catalogado como verde apelando a la Ley Urbanística Valenciana. El Ayuntamiento se negó a comprar forzosamente los terrenos alegando que la expropiación es una materia de competencia exclusivamente estatal. Además, que la Ley del Suelo solo obliga a la Administración a comprar el suelo desclasificado si era urbano o urbanizable con un programa presentado, lo que no se ajusta a este caso.
El conflicto se trasladó a la vía judicial y en una primera instancia, tanto el Jurado Provincial de Expropiación como el Tribunal Superior de Justicia consideraron que el Consistorio debía expropiar esta bolsa de suelo. Los informes municipales valoraron el terreno en 2.856.480 euros frente a los 10.599.695 euros que solicitaron los interesados.
Finalmente el Tribunal Superior de Justicia, como medida cautelar pedida por los propietarios, decidió que el Ayuntamiento les abonara 2.856.480 euros, levantando un acta de pago y ocupación supeditada al resultado del proceso, que siguió vivo en los tribunales.
El último capítulo ha sido un recurso ante el Supremo por el que los particulares seguían reclamando un justiprecio de más de 10 millones de euros, mientras que el consistorio ha insistido en la nulidad de la expropiación y en la prevalencia de la legislación estatal. Por ello solicitó la revocación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La petición fue atendida por la sala, que ha dado la razón a la argumentación defendida por el Ayuntamiento.
No podiais poner una foto del terreno en cuestion??